Redactado por la brillante e incombustible Patricia Frade Ortea, quien es -entre muchas otras cosas- Analista de Negocio TIC, Delegada Protección de Datos, Abogada Digital, Procesal, Bancario, Procuradora no ejerciente, Docente Derecho Procesal Civil UAX, una de las fundadoras y, en buena medida, responsables del éxito de LexIA y miembro de ENATIC (Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC).
A propósito de la transcendental noticia:
La reciente investigación publicada por Harvard Business Review revela una problemática jurídica emergente que requiere urgente atención por parte del sector legal español:
«La penalización oculta por uso de inteligencia artificial en el trabajo».
Este fenómeno, documentado mediante un experimento con 1.026 ingenieros de software, demuestra que los profesionales que utilizan IA en las empresas son percibidos como 9% menos competentes, independientemente de la calidad objetiva de sus resultados.
El estudio evidencia que las mujeres ingenieras sufren una penalización del 13%, frente al 6% de los hombres, mientras que los trabajadores de mayor edad enfrentan un sesgo adicional.
Estos datos sugieren posibles infracciones de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como potenciales vulneraciones de la normativa antidiscriminatoria por razón de edad. Todo ello obligará a reexaminar las políticas internas y planes de igualdad en las empresas.
Desde una perspectiva jurídico-laboral, esta discriminación presenta características alarmantes que pueden configurar vulneraciones del principio de igualdad y no discriminación consagrada en el artículo 14 de la Constitución Española.
Por tanto, podemos entender que cualquier trato distinto por razón de uso de herramientas tecnológicas (cuando revele un efecto diferenciado por sexo, edad u otra circunstancia protegida) estamos entrando en el campo de la protección constitucional.
Además, en el contexto español, donde el Estatuto de los Trabajadores establece la obligación empresarial de proporcionar formación profesional adecuada, surge una paradoja jurídica: las empresas que fomentan el uso de IA para mejorar la productividad, podrían estar exponiendo a sus empleados a discriminación horizontal por parte de compañeros o superiores jerárquicos.
Esta situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad civil empresarial. Si un trabajador sufre mobbing o es excluido de promociones por utilizar herramientas de IA autorizadas por la empresa, ¿puede configurarse una responsabilidad patronal por no garantizar un entorno laboral libre de discriminación tecnológica?
La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre acoso laboral podría extenderse a estas nuevas formas de sesgo profesional.
Ante toda esta nueva situación, España debe ahora abordar cómo proteger a los trabajadores que ejercen legítimamente su derecho a utilizar tecnologías autorizadas.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social española podría encontrarse pronto con casos donde el uso discriminatorio de criterios relacionados con IA constituya infracciones graves en materia de igualdad laboral, sancionables con multas de hasta 187.515 euros según el artículo 40 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Por otro lado, los despachos jurídicos especializados en derecho laboral deben anticiparse a esta problemática emergente. La redacción de políticas empresariales sobre uso de IA, protocolos antidiscriminación específicos y cláusulas contractuales que protejan a los trabajadores innovadores se convertirán en elementos esenciales de la consultoría jurídica preventiva.
España enfrenta un dilema jurídico-económico de extraordinaria trascendencia. Mientras el país implementa estrategias gubernamentales como el Plan Nacional de Competencias Digitales 2021-2025 para mejorar la productividad laboral y la competitividad internacional, el sesgo cultural y profesional contra la IA puede configurar simultáneamente una barrera económica estructural, cultural y un campo fértil para futuras demandas masivas por discriminación laboral.
La contradicción es paradigmática: el mismo ordenamiento jurídico que protege el derecho a la innovación y la formación tecnológica debe ahora proteger también contra la discriminación derivada del ejercicio de esos derechos. Esta tensión normativa requiere soluciones jurídicas innovadoras que equilibren la protección individual contra la discriminación con el interés colectivo en la adopción tecnológica.
Por todo ello, para evitar la cristalización de ese “castigo oculto” del que alerta esta investigación, las empresas y los despachos deben diseñar una respuesta jurídica y organizativa en tres frentes:
- Política de uso responsable de IA: protocolos claros sobre cuándo y cómo declararla en entregables, con mecanismos objetivos de valoración del trabajo que eviten prejuicios (p. ej., evaluaciones ciegas o criterios de revisión técnica homogéneos).
- Formación y liderazgo: planes de formación vinculados al artículo 23 del Estatuto y liderazgo visible (role models) que normalicen el uso de IA, evitando que la adopción quede exclusivamente en manos de perfiles jóvenes o mayoritarios.
- Salvaguardas de igualdad: inclusión explícita en planes de igualdad (LO 3/2007) de medidas contra el sesgo por uso de herramientas digitales, junto a cláusulas contractuales y protocolos disciplinarios y de reclamación interna.
Los operadores jurídicos españoles, desde el corazón de los Tribunales del orden social hasta la abogacía especializada, deben prepararse para un escenario jurisprudencial inédito donde la resistencia cultural a la innovación tecnológica se traducirá inevitablemente en responsabilidades civiles, administrativas y, potencialmente, penales por discriminación.
La doctrina jurisprudencial española sobre discriminación laboral está a punto de enfrentar su primera gran revolución digital, y los precedentes que se establezcan en los próximos años determinarán el equilibrio entre innovación tecnológica y protección antidiscriminatoria para las próximas décadas.
Por tanto, nuestra comunidad jurídica tiene ante sí la responsabilidad histórica de construir un marco interpretativo que permita la modernización tecnológica sin sacrificar los principios fundamentales de igualdad y no discriminación que sustentan nuestro Estado social y democrático de Derecho.
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Noticia que motiva la reflexión:
¿Egos en juego? La penalización oculta por usar IA en el trabajo Aunque la inteligencia artificial puede impulsar la productividad, usarla abiertamente en el trabajo suele implicar un castigo invisible: la percepción de ser menos competente, sin importar la calidad del resultado. El temor por las implicaciones de la IA en el trabajo hace que las personas rechacen su uso y al mismo tiempo, se estigmatiza a quienes están impulsando su productividad con estas herramientas.