Redactado por Maria Aguiriano, quien es -entre otras muchas cosas- LegalTech & Innovation Lead, así como Legal Engineer. Graduada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU); Título de especialización en Protección de Datos y Derechos Digitales por la Universidad Nebrija (UNEB). Estudiante del Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura y el Experto en Derecho Digital por la Universidad de Deusto (UD), así como el Experto en Ciberseguridad para Pymes de la Universidad Isabel I.
Las facultades de Derecho más prestigiosas de Estados Unidos ya están incorporando la inteligencia artificial (IA) en sus planes de estudio:
Los errores de la inteligencia artificial en citas legales, y las sanciones a abogados que confiaron en ellas sin verificarlas, han aumentado la presión sobre las facultades de Derecho con el fin de que enseñen el uso responsable de la tecnología. Es, por ello, qué universidades estadounidenses, como la de Chicago, Yale o Pensilvania, están impulsando la formación en inteligencia artificial.
De este modo, resulta inevitable preguntarse:si la inteligencia artificial ya está transformando la enseñanza del Derecho en Estados Unidos, ¿qué nos impide en España avanzar en la misma dirección?
La resistencia de las universidades españolas:
Parte de la respuesta está en nuestra cultura universitaria, marcada por la tradición y la prudencia. En Estados Unidos, la innovación se suele asumir como un riesgo necesario para mantenerse competitivo; en España, en cambio, predomina una aproximación más conservadora, y se tiende a esperar a que la tecnología madure plenamente antes de incorporarla.
En el ámbito jurídico, ese retraso puede afectar negativamente. Si formamos juristas sin competencias digitales avanzadas, ¿cómo competirán con quienes, desde su etapa universitaria, ya han aprendido a trabajar con (y a desconfiar de) estas herramientas?
En la facultad de Derecho de la Universidad de Yale, por ejemplo, se imparte una asignatura de clínica jurídica pro bono, una metodología académica donde los estudiantes de Derecho aprenden a través de la práctica supervisada de casos reales. Los estudiantes entrenan modelos de lenguaje, aprendiendo sus inconvenientes y limitaciones, así como su uso práctico, y después, comprueban que los resultados de la IA no contienen las llamadas alucinaciones.
¿A favor o en contra de la IA en las facultades de Derecho?:
Existe un gran debate sobre la integración de la inteligencia artificial en las facultades de Derecho. Hay quienes la perciben como una amenaza para los métodos tradicionales de enseñanza. Sin embargo, otros la consideran una oportunidad para la adaptación de nuestras metodologías educativas a la realidad actual. De hecho, el reciente estudio “Monitor de Educación en España 2025” de Ipsos ha indicado que el 39% de los españoles defiende la prohibición de la IA en la educación, mientras que el 34% no está de acuerdo con prohibirla.
En este sentido, destaco brevemente algunos de los tantos argumentos por los que debe incorporarse la inteligencia artificial en la formación jurídica: primero, el mercado demandará juristas que sepan utilizar y supervisar la IA, por lo que los futuros juristas deberán manejar estas herramientas con solvencia; segundo, la IA permite entrenar habilidades como la redacción o el análisis jurisprudencial, haciendo el aprendizaje más eficiente; y tercero, integrar el uso de IA evitará que los estudiantes la usen de forma irresponsable, conociendo los riesgos y limitaciones de la tecnología.
Por el contrario, algunos de los argumentos en contra de su integración en las aulas se refieren al riesgo de dependencia tecnológica que debilitaría ciertas competencias, la amenaza al empleo de los jóvenes juristas por la automatización de tareas básicas y repetitivas, o los errores y sesgos que obligan a mantener siempre un control humano riguroso.
Desde mi punto de vista, la inteligencia artificial debe entenderse como una herramienta que, si se utiliza correctamente, puede enriquecer y transformar el aprendizaje. De esta manera, el debate no debería versar sobre el uso o no de la inteligencia artificial en las universidades, sino sobre cómo enseñamos a usarla con rigor, criterio y responsabilidad, sin que sustituya lo esencial de la formación jurídica.
El impacto en la abogacía y la necesidad de adaptación:
Los grandes despachos ya están reorganizando su modelo de trabajo. La IA reduce la necesidad de tareas repetitivas propias de los abogados junior, lo que erosiona el tradicional modelo piramidal del sector. En consecuencia, el valor se desplaza hacia quienes poseen la experiencia y el criterio necesarios para supervisar y corregir el trabajo de la máquina.
De ahí la necesidad (y urgencia) de que la universidad se adapte y actualice su oferta académica. Si formamos a los futuros abogados como a aquellos del pasado, sin adquirir competencias en el uso responsable y ético de la inteligencia artificial, accederán a la profesión con una desventaja frente a aquellos formados en otros entornos académicos que sí apuestan por la IA. Como bien señala Polk Wagner, vicedecano de asuntos académicos e innovación de la Universidad de Pensilvania, la inteligencia artificial deberá ser una «característica importante de la educación jurídica moderna».
Integrar la inteligencia artificial en los programas académicos de las facultades de Derecho en España, así como proporcionar un espacio para la innovación, resulta necesario. Y en este sentido, coincido con el director de iniciativas legales y tecnológicas de la facultad de Derecho de la Universidad Northwestern, Daniel Linna, quien afirma que «estamos perjudicando a nuestros alumnos si no les enseñamos a utilizar bien estas herramientas». Por consiguiente, la universidad debe ofrecer programas en los que los estudiantes aprendan a dialogar con la tecnología, a aprovechar su potencial, y a conocer sus límites y riesgos.
Conclusiones:
La inteligencia artificial no es una tendencia pasajera; es una transformación estructural. Ignorarla en los programas de Derecho sería renunciar a preparar adecuadamente a los estudiantes. Estados Unidos ya está incorporando cursos como “Regulación de la IA: cuestiones jurídicas y constitucionales” o “IA generativa en la práctica jurídica”. España no puede permitirse seguir debatiendo sobre su conveniencia, pues retrasar la adaptación académica puede suponer que los futuros juristas enfrenten el ejercicio profesional con una desventaja.
En cualquier caso, cabe mencionar que no se trata de que la inteligencia artificial reemplace al jurista, ni de sustituir el juicio humano, sino de reforzarlo. La IA debe ser una herramienta para complementar los componentes humanos de la enseñanza, y no para sustituirlos. Asimismo, no se trata de enseñar a utilizar esta tecnología, pues la mayoría de los estudiantes ya la utiliza, sino de enseñar al alumnado cómo utilizarla de forma ética, responsable y legal.
En definitiva, la cuestión ya no es si debemos integrar la inteligencia artificial en las universidades, sino si podemos permitirnos no hacerlo.
Y no olvidemos que, para lograr un uso responsable y ético de la IA, la educación es el primer paso.
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