Diego Fierro Rodríguez
Letrado de la Administración de Justicia
Ministerio de Justicia de España
I. Cuando la tecnología teje nuevos derechos
Imagina por un momento la vida en una ciudad europea a principios del siglo XIX. El aire, cargado de humo de carbón, espeso y nuevo. El sonido de las máquinas de vapor, un rugido que lo cubre todo, anuncia un mundo que se está rompiendo y recomponiendo a un ritmo vertiginoso. La Revolución Industrial no fue solo una historia de fábricas y ferrocarriles; fue un terremoto social que sacudió los cimientos de lo que la gente entendía por una vida digna. De la noche a la mañana, conceptos como el «trabajo», la «educación» o la «protección» para la vejez o la enfermedad dejaron de ser asuntos familiares o comunitarios para convertirse en problemas públicos de una escala nunca vista.
Fue en ese crisol de hollín y acero donde, a tientas y con no poco conflicto, empezaron a forjarse los derechos que hoy consideramos incuestionables. El derecho a una jornada laboral limitada, a la educación primaria universal, a una protección social básica: todos son hijos de aquella convulsión. La tecnología no solo cambió cómo vivíamos; cambió qué creíamos merecer.
Hoy, OpenAI nos propone un paralelismo fascinante para nuestra era digital: elevar el acceso a la inteligencia artificial a la categoría de derecho fundamental. La idea tiene ese aroma visionario y necesario a la vez. Es fácil visualizar el camino si miramos atrás: la electricidad pasó de ser una curiosidad de ferias, un lujo para ricos, a convertirse en la sangre invisible de la civilización, un servicio tan esencial que un apagón nos sume en la Edad Media en cuestión de minutos. Es probable que dentro de unas décadas, carecer de acceso a ciertas herramientas de IA se sienta tan limitante como vivir sin electricidad o sin educación.
Pero, y aquí está el centro de la cuestión, ¿cómo pasamos de la declaración de intenciones a la realidad? Las dudas que surgen son legítimas y profundas. ¿Significa esto que el Estado debe garantizar a cada ciudadano un acceso básico a la IA, como hoy garantiza una plaza en un colegio o una cita con el médico? ¿O estamos hablando de algo más sutil y complejo, una suerte de «alfabetización digital avanzada»? Cuando uno conversa con tecnólogos, juristas y sociólogos, descubre un paisaje de opiniones tan diverso como contradictorio. Unos ven una utopía a la vuelta de la esquina; otros, una distopía disfrazada de progreso. Este debate, lejos de ser un tecnicismo, es una conversación que debemos darnos como sociedad, con calma y con sosiego, porque define el mundo en el que queremos vivir.
II. El diablo está en los detalles: ¿Qué significa «acceso básico» a la IA?
Al adentrarnos en la propuesta de OpenAI, encontramos una de sus virtudes más claras: su pragmatismo. La compañía no está sugiriendo que todos tengamos derecho a usar el modelo más potente y costoso, ese que escribe sonetos shakesperianos o resuelve problemas de física cuántica. No. Se refiere a algo más humilde y, quizás, más transformador: garantizar el acceso a un conjunto de herramientas básicas de inteligencia artificial que tengan una utilidad tangible para el día a día de las personas. Esta distinción es crucial. No es el lujo lo que se propone como derecho, sino lo esencial.
La comparación con los servicios públicos es aquí enormemente ilustrativa. Cuando las Naciones Unidas reconocen el derecho humano al agua, no están pensando en que todo el mundo reciba en su casa botellas de agua mineral con gas de manantiales alpinos. Se refieren a que cada persona tenga acceso a un suministro básico de agua potable, limpia y segura. Es la diferencia entre el lujo y la necesidad. De manera paralela, el embrión de un derecho a la inteligencia artificial podría entenderse como la garantía de acceso a «agua potable digital»: herramientas fundamentales, probablemente de código abierto, que permitan a un estudiante hacer sus trabajos, a un autónomo gestionar su contabilidad, o a una pequeña asociación analizar sus datos. Los sistemas más sofisticados, los «vinos reserva» de la IA, quedarían para el mercado premium y los usos empresariales especializados.
Sin embargo, es en este punto donde emerge un problema práctico de una trascendencia abrumadora, un problema que ya hemos visto en otros ámbitos tecnológicos: ¿quién tiene la autoridad y el conocimiento para trazar la línea que separa lo «básico» de lo «avanzado» en un campo que se redefine a sí mismo cada pocos meses? Imaginemos un comité de expertos que, tras un año de deliberaciones, define el «paquete básico de IA» para 2025. Para 2026, es muy posible que ese paquete esté tan obsoleto como un teléfono móvil de hace una década. ¿Cómo actualizamos este «mínimo vital digital» sin quedar atrapados en una burocracia perpetua? Si observamos cómo ha evolucionado lo que consideramos una «educación adecuada» –desde saber leer, escribir y hacer cuentas, hasta incluir competencias digitales y educación emocional–, podemos anticipar un desafío de una magnitud y complejidad similares para la inteligencia artificial. Es un concepto móvil, un blanco en constante desplazamiento.
III. Gigantes en el paisaje por el riesgo de la concentración de poder y la ilusión de la portabilidad
Uno de los temas que despierta una preocupación más genuina, vista desde la óptica de la competencia y la salud del mercado, es la alarmante concentración del poder tecnológico. En los últimos años, hemos sido testigos de cómo un puñado de corporaciones multinacionales ha logrado acaparar los desarrollos más vanguardistas, los conjuntos de datos más vastos y, en definitiva, el talento más brillante en el ámbito de la inteligencia artificial. Esta situación evoca un eco histórico poderoso: los inicios de la industria eléctrica, cuando titanes como General Electric o Westinghouse establecieron estándares propietarios e incompatibles entre sí, creando deliberadamente un ecosistema fragmentado donde la interoperabilidad era una quimera y la competencia leal se veía sofocada.
En este contexto, la portabilidad de datos –la capacidad de llevarte tu información personal y tu historial de una plataforma a otra– se erige como un bastión fundamental para la libertad del usuario. Cualquier emprendedor que haya intentado migrar su negocio de una suite de herramientas a otra puede contar la pesadilla del «efecto jaula». Te instalas en un ecosistema porque es el más accesible o el más popular; construyes sobre él tu base de clientes, tus procesos internos, tu operación; y cuando quieres marcharte, descubres que el coste de salir –en tiempo, dinero y esfuerzo– es tan prohibitivo que te sientes prisionero en tu propia casa digital. Esta falta de libertad lastra la competencia, porque las nuevas empresas no pueden ofrecer una alternativa viable si el usuario no puede «emigrar» con su identidad digital, y al final, somos todos nosotros, los usuarios finales, quienes pagamos el precio con servicios más caros y una innovación más lenta.
Pero, ¿es realista esperar que estos gigantes faciliten voluntariamente las herramientas para que los usuarios abandonen su jardín vallado? La experiencia en mesas de trabajo sobre estándares técnicos abiertos es descorazonadoramente elocuente: lograr un consenso entre actores con intereses tan diametralmente opuestos es una tarea hercúlea. Las tecnológicas consolidadas tienen incentivos estructurales para mantener el status quo, mientras que las startups y los nuevos actores carecen, por lo general, de la masa crítica y la influencia necesarias para torcer el brazo de los incumbentes. Es una lucha desigual, un pulso entre David y Goliat, pero en un campo de batalla donde Goliat escribe las reglas.
IV. El Estado en la encrucijada: ¿Impulsor, regulador o espectador?
Resulta intrigante preguntarse qué papel imagina OpenAI para el sector público en esta transformación que se anuncia imparable. La historia reciente nos muestra a los Estados desempeñando un papel profundamente ambivalente, cuando no abiertamente contradictorio, frente a las revoluciones tecnológicas. Hay casos de estudio brillantes, como el de algunos gobiernos nórdicos o Estonia, que abrazaron internet como una política de Estado y promovieron su extensión con una visión de futuro encomiable. Frente a ellos, otras administraciones permanecieron décadas a la zaga, mirando la tecnología con recelo y regulándola desde la incomprensión.
En el caso concreto de la inteligencia artificial, el abanico de oportunidades para lo público es deslumbrante. Piensa en un sistema nacional de salud que, usando algoritmos predictivos, pueda anticipar brotes epidemiológicos, mejorar la precisión de los diagnósticos por imagen o personalizar tratamientos oncológicos con una eficacia hoy inimaginable. Imagina una educación pública donde una plataforma de aprendizaje adaptativo permita que cada niño, con sus talentos y sus dificultades únicas, reciba una atención que un profesor sobrecargado con 30 alumnos no puede proporcionar. La promesa es la de unos servicios públicos más eficientes, personalizados y accesibles.
Pero la otra cara de la moneda está llena de riesgos bien documentados. La automatización indiscriminada de servicios públicos críticos, como la concesión de ayudas sociales o la evaluación de la idoneidad de una familia para una adopción, podría excluir involuntariamente a los colectivos más vulnerables –quienes menos saben navegar estos sistemas– o, peor aún, perpetuar y amplificar los sesgos existentes en la sociedad. Si el algoritmo se entrena con datos históricos que reflejan prejuicios de género, raza o clase, sus decisiones no harán más que cristalizar esas injusticias, dándoles una pátina de objetividad tecnológica. Las experiencias piloto en ayuntamientos y gobiernos regionales son un termómetro perfecto de esta dualidad: hay proyectos de IA que han reducido los tiempos de espera para una licencia de obras de meses a días, mejorando la vida de los ciudadanos; y hay otros que han sido un fracaso estrepitoso, dejando a personas sin prestaciones por un error en el código y generando una frustración y una desconfianza profundas. La clave, una vez más, no está en la tecnología en sí, sino en la sabiduría con la que la implementamos. Se trata de encontrar el punto justo entre la ambición innovadora y la prudencia de quien sabe que está jugando con el cemento que fundará los cimientos de nuestro futuro común.
V. La promesa de un futuro más justo
A pesar de todos los matices y advertencias, lo que más atrae de la iniciativa de OpenAI es, sin duda, su potencial democratizador. Es una visión que mira a la IA no como un juguete para élites, sino como una herramienta para el empoderamiento ciudadano. He visto de cerca cómo un traductor automático decente puede abrir el mundo a un pequeño comercio familiar, cómo un asistente de escritura basado en IA puede ayudar a una persona con dislexia a redactar un informe crucial, o cómo un sistema de análisis de datos sencillo puede permitir a una ONG local medir el impacto real de su trabajo. Este no es un futuro lejano; es el presente que ya está transformando vidas en los márgenes, y convertirlo en un derecho universal podría ser el gran equalizador social de nuestro tiempo.
También es de una valía incuestionable el énfasis explícito que la propuesta pone en la alfabetización digital crítica. Durante años, el debate se ha centrado obsesivamente en el «acceso»: en llevar fibra óptica a los pueblos, en repartir tablets en las escuelas. Pero eso es solo la mitad del camino. Es como repartir libros en una sociedad donde la mayoría no sabe leer: el objeto está ahí, pero el potencial yace dormido, inalcanzable. La propuesta de OpenAI reconoce con acierto que el derecho no es solo a la herramienta, sino también a la comprensión. Incorpora la formación continua, la capacitación del profesorado y la educación pública como pilares indisociables del derecho mismo, entendiendo que sin comprensión, el acceso es un cascarón vacío.
La comparación con el derecho a la educación universal es, quizás, el acierto conceptual más brillante. La escolarización obligatoria y gratuita no solo alfabetizó a las masas; fue el motor que propulsó el desarrollo económico, científico y cívico de las sociedades industriales. Transformó a los súbditos en ciudadanos. De manera análoga, la alfabetización en inteligencia artificial –no técnica, sino crítica– podría ser la llave para la prosperidad y la participación plena en la era digital. Pero conviene hacer un matiz crucial para no generar falsas expectativas o frustraciones: no se trata de convertir a toda la ciudadanía en ingenieros de prompt o científicos de datos. Se trata de que una persona de a pie entienda los principios básicos de cómo funcionan estos sistemas, sea consciente de sus limitaciones y sus sesgos, y pueda tomar decisiones informadas cuando interactúe con ellos, ya sea para usar un asistente virtual, solicitar un crédito o leer las noticias en una red social. Es una cuestión de soberanía personal en un mundo cada vez más algorítmico.
VI. Las grietas en el espejo: Riesgos, desigualdades y vacíos legales
Sin embargo, no todo es esperanza y optimismo en esta propuesta. Las sombras que proyecta son alargadas y merecen una mirada tan atenta como la que dedicamos a sus luces. Preocupa, y mucho, el riesgo de que bajo la noble bandera del «acceso gratuito» se escondan los viejos modelos de negocio basados en la vigilancia y la extracción masiva de datos. Ya conocemos este juego: la plataforma es «gratis» para el usuario porque el producto real, lo que se vende, es la atención del usuario y su perfil psicológico. Tememos que el «derecho a la IA» se convierta en la puerta de entrada perfecta para un capitalismo de vigilancia aún más sofisticado, donde cedemos nuestra intimidad a cambio de una herramienta útil, en transacciones opacas de las que no somos plenamente conscientes.
Esta preocupación se amplifica cuando miramos más allá de nuestras fronteras. La posibilidad de que se abra una brecha digital insalvable entre países ricos y pobres es aterradoramente real. Mientras las potencias tecnológicas y los estados con recursos presupuestarios abundantes pueden permitirse subsidiar el acceso, invertir en infraestructuras de computación y formar a su ciudadanía, ¿qué sucede con aquellas naciones que aún luchan por garantizar una electricidad estable o una conexión a internet básica? Existe el riesgo fundado de que el «derecho a la IA» se convierta en un privilegio del primer mundo, creando una nueva línea divisoria global: los que pueden usar la inteligencia artificial para resolver sus problemas y prosperar, y los que se quedan fuera, condenados a una nueva forma de analfabetismo que los marginará aún más en la economía global.
Y luego está el laberinto legal, un territorio casi virgen lleno de preguntas incómodas. ¿Cómo hacemos encajar este nuevo derecho con el derecho fundamental a la protección de nuestros datos personales? ¿No son, en el fondo, el combustible y el producto de estos sistemas? ¿Qué ocurre el día en que un sistema de IA de acceso básico, por un error o un sesgo, le niegue a alguien una prestación social, le cause un daño patrimonial o arruine su reputación? ¿Quién responde entonces? ¿El genérico «desarrollador»? ¿La plataforma que lo aloja? ¿El usuario que lo manejó? ¿La administración que lo implementó? La cadena de valor es tan larga y compleja que la responsabilidad se diluye, dejando a la víctima en un limbo jurídico. Son preguntas de una complejidad técnica y ética abrumadora, que no se resolverán con principios generales bienintencionados, sino con marcos legales robustos, específicos y acordados en foros multidisciplinares donde la voz de la ciudadanía tenga tanto peso como la de los lobbies tecnológicos.
VII. El largo camino por delante entre el entusiasmo y la prudencia
Al final de este análisis, tras recorrer sus promesas y sus peligros, la sensación que prevalece es profundamente ambivalente. Por un lado, es imposible no contagiarse del entusiasmo que genera una visión de futuro tan orientada al bien común, una propuesta que imagina sociedades digitales más inclusivas, productivas y justas. Es un faro que nos señala una dirección esperanzadora. Por otro lado, y con una intensidad casi igual, anida la preocupación por los mil y un detalles prácticos de implementación, por los riesgos regulatorios que aún no tienen respuesta y por los efectos secundarios que toda tecnología poderosa echa a andar en el cuerpo social.
Para no perder la perspectiva, la historia vuelve a ser nuestra mejor consejera. A mediados del siglo XIX, cuando se empezó a hablar seriamente de educación universal, obligatoria y gratuita, las críticas eran feroces. Se decía que era inviable, que arruinaría las economías nacionales, que era una intromisión del Estado en la familia, e incluso que era peligroso educar a las masas. Hoy, nos parece una verdad de Perogrullo. Es muy probable que dentro de cincuenta años, mirando atrás, el acceso garantizado a una inteligencia artificial beneficiosa y básica nos parezca igual de obvio y natural. Formará parte del paisaje invisible de nuestros derechos, como lo es hoy la escolarización.
Pero en este viaje, no podemos perder de vista la lección más importante: los derechos no se decretan, se construyen. No nacen de una declaración, sino de un consenso social dolorosamente alcanzado, de marcos jurídicos que se pulen con el uso, de instituciones que ganan credibilidad con el tiempo y de mecanismos de implementación que deben ser, ante todo, efectivos y financieramente sostenibles. La propuesta de OpenAI es, en definitiva, un excelente punto de partida, una chispa que puede encender un debate global que ya no podemos posponer. Pero el camino que tenemos por delante es largo, sinuoso y está plagado de desafíos políticos, técnicos y, sobre todo, éticos. Caminarlo requerirá de nosotros, como sociedad, una dosis extra de sabiduría colectiva, una gran prudencia y la mirada siempre puesta en el horizonte lejano de un futuro que no queremos solo que sea tecnológico, sino que sea, por encima de todo, humano.