por Diego Fierro Rodríguez
I. Cuando la máquina dicta y el jurista transcribe
El Tribunal Supremo de Georgia ha anulado este lunes un auto que denegaba un nuevo juicio a Hannah Renee Payne, condenada a prisión perpetua más trece años por asesinato, detención ilegal y posesión de arma durante la comisión de un delito. La razón de la anulación es tan insólita como inquietante: tanto los escritos de la Fiscalía como la propia resolución judicial estaban plagados de citas jurisprudenciales fabricadas por una herramienta de inteligencia artificial generativa. Precedentes que nadie dictó, sentencias que ningún tribunal escribió, referencias que parecían reales pero que se desvanecían en cuanto un operador jurídico se tomaba la molestia de buscarlas en los repertorios oficiales.
El mecanismo del desaguisado fue sencillo y, precisamente por ello, más alarmante. La fiscal adjunta del condado de Clayton, Deborah Leslie, utilizó inteligencia artificial generativa para redactar los escritos de oposición al recurso de nuevo juicio presentado por la defensa de Payne. También empleó la misma herramienta para elaborar el borrador de resolución que remitió al juez de primera instancia. Nadie verificó las citas. El juez adoptó casi íntegramente la propuesta de la fiscal, alucinaciones incluidas, y denegó la solicitud de revisión. Una condena a cadena perpetua quedó así apuntalada, durante meses, sobre jurisprudencia que sencillamente no existía.
II. El recuento de lo inexistente
Cuando el Supremo de Georgia revisó el caso, el juez ponente Benjamin Land describió la situación sin eufemismos: numerosas citas de casos ficticios o mal atribuidos. Su conclusión fue igualmente directa: invocar sentencias que no existen o que no apoyan la proposición para la que se citan viola las normas del tribunal y se sitúa muy por debajo de la conducta que cabe esperar de los abogados del estado. La contundencia de la admonición no es retórica, sino que refleja la gravedad de una práctica que ataca el núcleo mismo del razonamiento jurídico: el precedente como fuente de legitimidad de las decisiones judiciales.
Las irregularidades salieron a la luz tras la vista oral celebrada el 18 de marzo de 2026. Dos días después, el tribunal requirió a la Fiscalía que explicara cómo nueve referencias jurídicas inexistentes o incorrectamente atribuidas habían acabado dentro de una resolución dictada en septiembre de 2025. La respuesta de la fiscal Leslie fue la confesión y las disculpas. Reconoció haber empleado inteligencia artificial sin verificar de forma independiente las citas generadas por el sistema. Pero a medida que el tribunal fue tirando del hilo, la madeja de errores creció. Primero fueron 9, luego 12 más ante el tribunal inferior y, finalmente, la fiscal se vio obligada a retirar varias de las autoridades invocadas ante el propio Supremo por no corresponder a jurisprudencia real o por no respaldar las afirmaciones para las que habían sido invocadas. El recuento final ascendió a 21 citas defectuosas en un caso donde lo que estaba en juego era una cadena perpetua.
III. La confesión no exime, pero revela el problema de fondo
Debe tenerse presente que el Tribunal Supremo de Georgia no ha prohibido el uso de inteligencia artificial por parte de abogados ni de fiscales. La decisión lo deja meridianamente claro desde el primer momento. La prohibición no recae sobre la herramienta, sino sobre la desidia en su manejo. Citar sentencias que no existen vulnera las reglas profesionales y procesales aplicables, y hacerlo en un caso de la máxima gravedad sin haber dedicado un minuto a comprobar si las fuentes eran reales constituye una negligencia que el tribunal no podía pasar por alto.
La fiscal adjunta se disculpó, pero la disculpa no evitó la sanción. La Corte le ha impuesto una doble consecuencia. La primera, una amonestación formal acompañada de inhabilitación durante seis meses para actuar ante el Tribunal Supremo de Georgia. Para recuperar esa habilitación deberá acreditar doce horas de formación adicional en ética profesional, redacción jurídica y uso adecuado de la inteligencia artificial en el ámbito judicial. La segunda, más discutida, extiende la amonestación a la Fiscalía del condado de Clayton como institución. Dos de las juezas del tribunal, LaGrua y Colvin, discreparon de esta última medida mediante un voto particular en el que sostienen que la fiscal jefa actuó con diligencia una vez conocidos los hechos y que la responsabilidad no puede trasladarse al conjunto de la oficina.
Considero que este debate colateral esconde una cuestión de mayor calado. Si una fiscal adjunta pudo presentar escritos con citas inventadas y un juez de instancia pudo adoptarlos sin advertir el fraude, algo falla no solo en la supervisión interna de la fiscalía, sino en los mecanismos de control que deberían operar antes de que una resolución judicial se construya sobre cimientos de papel mojado. La responsabilidad individual de la fiscal es indiscutible, pero la institucional merece al menos una reflexión seria sobre los protocolos de verificación que los órganos de acusación pública tienen establecidos —o no— para el empleo de herramientas de inteligencia artificial generativa.
IV. El juez que firmó lo que no leyó
La responsabilidad no se agota en la Fiscalía. El juez de primera instancia que adoptó casi íntegramente la propuesta de resolución elaborada por Leslie contribuyó, con su falta de verificación, a que el auto viciado se mantuviera en vigor durante meses. No se trata de un supuesto de dolo judicial, sino de lo que cabría calificar como una dejación de la función revisora inherente a la potestad de juzgar. Cuando un tribunal recibe un borrador de resolución redactado por una de las partes, su deber profesional más elemental consiste en confrontar las fuentes citadas con los repertorios oficiales, especialmente si se trata de jurisprudencia que sustenta la denegación de un nuevo juicio a una persona condenada a cadena perpetua.
El Supremo de Georgia ha aprovechado la ocasión para lanzar una advertencia general a todos los jueces del estado: al revisar propuestas de resolución elaboradas por las partes, deben hacerlo con la comprensión de que puede haberse utilizado software de inteligencia artificial, con todos sus riesgos y beneficios potenciales. La instrucción es de una sensatez abrumadora y debería figurar en cualquier manual de buenas prácticas judiciales. La inteligencia artificial ha llegado a los tribunales para quedarse, y quien no la conozca estará condenado a ser engañado por ella.
V. Las alucinaciones algorítmicas como amenaza al precedente
El episodio de Georgia no es el primero en que la inteligencia artificial generativa introduce jurisprudencia ficticia en un procedimiento judicial. Los casos se han multiplicado en los últimos años, tanto en Estados Unidos como en otras jurisdicciones, y presentan un patrón común: el profesional del derecho formula una pregunta a la herramienta, obtiene una respuesta con apariencia de rigor y la traslada al proceso sin comprobación ulterior. La máquina no miente en sentido estricto, porque carece de intención; simplemente genera textos verosímiles a partir de los datos con que ha sido entrenada. El problema es que, en el ámbito jurídico, lo verosímil y lo cierto no son términos intercambiables.
La gravedad específica del caso de Georgia reside en la magnitud del perjuicio. Una mujer lleva meses esperando que se resuelva su solicitud de nuevo juicio mientras una resolución judicial ficticiamente fundamentada mantenía cerrada esa puerta. Su abogado, Andrew Fleischman, expresó la frustración con palabras que merecen ser recogidas: su clienta tiene argumentos sólidos para el recurso, y es una lástima que la mala praxis del Estado esté retrasando ahora la oportunidad de que esos argumentos sean examinados. La cadena perpetua no admite dilaciones indebidas, y una dilación causada por 21 alucinaciones algorítmicas constituye una afrenta al derecho a la tutela judicial efectiva.
VI. La enseñanza que trasciende el caso concreto
Hay que reseñar que la decisión del Supremo de Georgia no se limita a resolver el recurso de Payne. Al devolver el caso al juez de instancia con instrucciones explícitas de emitir una nueva resolución sin citas inventadas, el alto tribunal ha enviado un mensaje que debería resonar en todos los despachos, fiscalías y juzgados donde la inteligencia artificial haya empezado a utilizarse como atajo. La herramienta puede ser una aliada formidable en la búsqueda de información, en la síntesis de documentos o en la organización de argumentos, pero jamás puede sustituir la verificación independiente de las fuentes. La firma de un escrito judicial es un acto de responsabilidad personal que no se diluye porque el texto lo haya generado un algoritmo.
La exigencia de doce horas de formación en ética profesional, redacción jurídica y uso adecuado de la inteligencia artificial impuesta a la fiscal sancionada es una medida que apunta en la dirección correcta, pero que resulta insuficiente como respuesta sistémica. Los colegios de abogados, las fiscalías y las escuelas judiciales deberían incorporar de manera urgente módulos específicos sobre la utilización de estas tecnologías. La formación no puede ser reactiva, impuesta como sanción a quien ya ha delinquido profesionalmente; debe ser preventiva y alcanzar a todos los operadores jurídicos antes de que la próxima alucinación algorítmica decida la suerte de otro ciudadano.
El caso de Georgia es un recordatorio de que la tentación de delegar en la máquina la parte más tediosa del trabajo forense —la búsqueda y cita de precedentes— puede tener consecuencias devastadoras. En una sala de justicia, la jurisprudencia no puede ser una alucinación. Y cuando lo es, el sistema entero se resiente. La resolución del Supremo de Georgia ha restablecido la legalidad en este caso concreto, pero la pregunta que queda flotando es cuántos autos dictados en primera instancia, en Georgia y en cualquier otro lugar, reposan hoy sobre citas que nadie ha verificado porque alguien confió en que la máquina nunca se equivoca. La respuesta a esa pregunta, cuando llegue, probablemente no nos guste.