Por Diego Fierro Rodríguez
El 15 de agosto de 2026 se conoció una de las filtraciones de información más graves que se atribuyen hasta ahora a los servicios de seguridad de Marruecos. Un grupo de piratas informáticos identificado como Jabaroot difundió una enorme cantidad de información que afectaría a decenas de miles de personas vinculadas a la Dirección General de Supervisión del Territorio y a la Dirección General de Seguridad Nacional. Entre los datos difundidos figurarían nombres, números de identificación nacional, años de incorporación a los cuerpos, categorías profesionales y otros elementos cuya exposición puede tener consecuencias mucho más serias que las derivadas de una filtración convencional. En una parte concreta del conjunto, correspondiente a unas 1.400 personas, también habrían quedado expuestos números de identificación bancaria. La gravedad no reside únicamente en la cantidad de registros comprometidos, sino en la naturaleza de las personas afectadas y en la función que desempeñan dentro del aparato de seguridad del Estado.
La dimensión del episodio resulta todavía más significativa porque la autenticidad de una parte de la información habría sido confirmada por antiguos miembros de los servicios de inteligencia marroquíes. Esa circunstancia introduce un elemento de especial preocupación, aunque obliga también a mantener cierta cautela respecto de aquellos datos cuya procedencia o exactitud no haya podido verificarse de manera independiente. Una filtración de esta naturaleza puede contener información auténtica, información desactualizada e incluso datos manipulados deliberadamente para provocar determinadas reacciones. No obstante, si una parte sustancial del material corresponde realmente a las estructuras de seguridad marroquíes, el problema adquiere una dimensión extraordinaria. No estamos ante una base de datos comercial ni ante un simple registro administrativo, sino ante información que puede permitir reconstruir parte de la organización humana de unos servicios cuya actividad depende, precisamente, de mantener en secreto la identidad y las funciones de quienes los integran.
Entre los nombres que habrían aparecido en la información difundida se encontrarían responsables de relevancia dentro de la inteligencia marroquí, entre ellos personas relacionadas con los departamentos de recursos humanos, contraespionaje e investigación. Este detalle resulta especialmente importante porque permite comprender que la filtración no afectaría exclusivamente a empleados de niveles inferiores o a personal administrativo. Lo que se habría expuesto es una parte apreciable de la arquitectura humana de los organismos encargados de la seguridad interior y de la policía marroquí. La diferencia entre una filtración masiva de datos personales y la exposición de una estructura de inteligencia es sustancial: en el segundo supuesto, cada nombre puede adquirir un significado operativo, especialmente cuando puede ser cruzado con otras fuentes de información disponibles para servicios de seguridad extranjeros, periodistas de investigación o grupos interesados en identificar las actividades de determinados agentes.
El momento en que se produce la publicación tampoco parece irrelevante. La filtración llega en un contexto de extraordinaria tensión entre España y Marruecos, marcado por la crisis migratoria vinculada a Ceuta y por la entrada irregular de un número muy elevado de personas a través de la frontera. Jabaroot ha intentado presentar su actuación como una respuesta directamente relacionada con esa situación y ha utilizado un lenguaje abiertamente político para explicar la publicación de los datos. El grupo ha llegado a calificar la filtración como un supuesto regalo dirigido a Europa y, de manera particular, a España. Esa forma de presentar el ataque permite apreciar que los responsables no parecen perseguir únicamente un beneficio económico o la notoriedad propia de determinadas operaciones de extorsión digital. Los elementos presentes apuntan también hacia una utilización política de la información obtenida, convirtiendo la filtración en un instrumento de presión y propaganda.
El historial de Jabaroot
Jabaroot tampoco parece haber aparecido de repente con esta operación. El grupo lleva tiempo utilizando canales digitales, especialmente Telegram, para divulgar información obtenida de instituciones marroquíes. Desde abril del año anterior habría protagonizado distintas publicaciones que ya habían puesto en cuestión la capacidad de las autoridades para proteger determinados sistemas de información. Entre ellas se encontraría una relación de aproximadamente 3.400 trabajadores vinculados a los palacios reales, seguida de otras operaciones dirigidas contra información relacionada con millones de afiliados a la Seguridad Social y con el patrimonio inmobiliario atribuido a determinados responsables políticos y altos cargos del aparato estatal. El patrón resulta significativo porque muestra una progresión: de la exposición de información administrativa y personal se habría pasado a la divulgación de datos directamente relacionados con las estructuras de seguridad.
La identidad real de quienes se encuentran detrás de Jabaroot continúa sin estar suficientemente determinada. Desde Marruecos se habría apuntado hacia Argelia, país que mantiene una rivalidad histórica y estratégica con Marruecos, aunque una atribución de este tipo exige pruebas que permitan distinguir entre una hipótesis política y una identificación técnica suficientemente acreditada. Esa diferencia no es menor. En materia de ciberseguridad, la atribución de un ataque constituye una de las cuestiones más difíciles de resolver, precisamente porque quienes actúan pueden utilizar infraestructuras de terceros, identidades falsas, servidores comprometidos o técnicas destinadas a hacer recaer las sospechas sobre otro actor. Por ello, la existencia de un conflicto político que haga plausible una determinada autoría no equivale a demostrarla.
La respuesta institucional a las anteriores filtraciones ya había dejado entrever que el problema estaba siendo considerado grave por las autoridades marroquíes. En septiembre se produjo la salida del general Mostafa Rabil de la Dirección General de Seguridad de los Sistemas de Información, siendo sustituido por el general Abdellah Boutrig. Aunque aquella decisión no habría sido comunicada oficialmente como consecuencia directa de las actuaciones de Jabaroot, su coincidencia temporal con la sucesión de filtraciones permitió interpretarla como una señal de preocupación dentro de las estructuras estatales. Si esa interpretación fuese correcta, la nueva exposición de información demostraría que las medidas adoptadas hasta entonces no habrían conseguido cerrar las vías de acceso utilizadas por el grupo.
La actual filtración, en cualquier caso, representa un salto cualitativo. El volumen de los datos es importante, pero lo verdaderamente preocupante es que puedan permitir identificar a personas que desarrollan funciones vinculadas con la inteligencia y la seguridad. La exposición de un agente puede comprometer relaciones profesionales, fuentes, desplazamientos, operaciones y contactos que, considerados aisladamente, quizá parezcan irrelevantes. Sin embargo, cuando la información se cruza con otros datos disponibles en internet, registros públicos, redes sociales o filtraciones anteriores, puede generar perfiles extraordinariamente detallados. Una identidad que permanece aislada puede tener un valor limitado; decenas de miles de identidades conectadas con otros datos pueden permitir reconstruir una organización entera.
Una filtración con intención política
El componente político de la operación resulta difícil de separar de su dimensión informática. Jabaroot no se ha limitado a publicar datos y dejar que otros interpreten su significado. El grupo ha acompañado la difusión de mensajes que pretenden relacionar la información obtenida con la crisis migratoria de Ceuta y con una supuesta estrategia organizada por las autoridades marroquíes. También habría afirmado que entre las personas expuestas se encontrarían agentes encargados de operaciones de espionaje, instalación de dispositivos de escucha o captación de determinadas personas. Son afirmaciones extraordinariamente graves que deben distinguirse cuidadosamente de los hechos que puedan comprobarse documentalmente. Una cosa es la existencia de una filtración y otra, muy distinta, que todas las acusaciones formuladas por quienes la realizan sean verdaderas.
La estrategia comunicativa resulta, no obstante, evidente. El objetivo no parece limitarse a demostrar que los sistemas marroquíes pueden ser vulnerados. También se pretende utilizar la información para construir un relato sobre la actuación del Estado y para situar a determinados responsables en el centro de la controversia. El grupo ha anunciado incluso la posible publicación de nuevos documentos relacionados con personas que, según su versión, habrían participado en la preparación de los acontecimientos de Ceuta. De confirmarse la existencia de esos documentos, su difusión podría elevar todavía más la presión política, pero su mera existencia no debería confundirse con la veracidad de las interpretaciones que Jabaroot pretende asociarles.
También se han formulado acusaciones personales contra Abdellatif Hammouchi, una de las figuras de mayor relevancia dentro del aparato de seguridad marroquí. Jabaroot le atribuye una responsabilidad directa en la gestión de los acontecimientos migratorios y sostiene que podría convertirse en el responsable al que se atribuyeran las consecuencias de aquella actuación. Paralelamente, el grupo habría intentado separar al rey Mohamed VI de esos acontecimientos, sosteniendo que no habría tenido conocimiento de ellos. Esta combinación resulta interesante desde el punto de vista de la propaganda: no se pretende únicamente atacar al Estado, sino también construir una determinada interpretación sobre quién habría tomado las decisiones y quién debería responder por ellas.
Debe tenerse presente, sin embargo, que las afirmaciones procedentes de un grupo responsable de una operación de este tipo deben ser sometidas a un escrutinio particularmente intenso. Una filtración puede contener información auténtica y, al mismo tiempo, ser utilizada para difundir conclusiones interesadas. Los documentos necesitan contexto, las identidades necesitan comprobación y las acusaciones requieren pruebas adicionales. El valor periodístico o institucional de una filtración no convierte automáticamente en ciertas todas las afirmaciones de quienes la han obtenido. Esa distinción será esencial durante los próximos meses.
La seguridad de los agentes queda comprometida
La principal consecuencia de la filtración puede encontrarse, paradójicamente, en aquellas personas cuyos datos han sido publicados. Para un trabajador ordinario, la exposición de su nombre, identificación o información laboral puede constituir una vulneración grave de su privacidad. Para un agente de inteligencia, las consecuencias pueden ser mucho mayores. Su identificación puede facilitar que otras personas conozcan su entorno profesional, reconstruyan sus movimientos o relacionen su identidad con operaciones que hasta entonces permanecían fuera del conocimiento público. El riesgo no tiene por qué materializarse inmediatamente para resultar relevante. Basta con que la información permanezca disponible y pueda ser cruzada posteriormente con otras fuentes.
La exposición de los números de identificación bancaria añade otra dimensión al problema. Aunque esos datos no permitan por sí mismos reconstruir una operación de inteligencia, pueden contribuir a establecer relaciones económicas, identificar cuentas o facilitar ataques posteriores dirigidos contra las personas afectadas. La información personal tiene, además, una característica que dificulta especialmente la respuesta: una vez difundida y replicada, resulta prácticamente imposible garantizar su desaparición completa. El cierre de una cuenta, la eliminación de una publicación o la suspensión de un canal puede reducir la visibilidad de los datos, pero no permite recuperar aquello que ya ha sido descargado, copiado o almacenado por terceros.
En el ámbito de la inteligencia existe además una consecuencia que no siempre resulta visible para el público. Si los nombres de numerosos agentes han quedado expuestos, las autoridades pueden verse obligadas a revisar determinadas operaciones, contactos y protocolos. Incluso cuando ningún agente haya participado en una actividad comprometida, su mera identificación puede exigir cambios preventivos. En consecuencia, el coste de una filtración no se mide únicamente por el número de registros publicados, sino también por las operaciones que dejan de ser seguras a partir de ese momento. La información comprometida puede obligar a modificar procedimientos que, antes de la filtración, funcionaban con normalidad.
La respuesta de Marruecos
La reacción inicial de las autoridades marroquíes habría consistido en solicitar la eliminación del canal utilizado por Jabaroot en Telegram. La medida puede tener utilidad para dificultar la difusión inmediata, pero presenta una eficacia limitada frente a una información que ya ha abandonado el canal original. En este tipo de incidentes, la retirada del primer punto de publicación no significa que los datos hayan desaparecido. Las copias pueden circular por otros canales, almacenarse en servidores situados en distintos países o reaparecer meses después cuando alguien encuentre un nuevo interés en su contenido.
Esta circunstancia obliga a diferenciar entre controlar la difusión y solucionar la brecha de seguridad. Lo primero puede ser relativamente sencillo cuando existe cooperación con la plataforma utilizada para publicar los contenidos. Lo segundo es mucho más complejo. Si los atacantes han conseguido acceder a una base de datos de esta magnitud, la prioridad debería situarse en determinar cómo se produjo la intrusión, qué sistemas fueron comprometidos, durante cuánto tiempo pudieron permanecer dentro de ellos y qué información adicional pudo haber sido extraída. La pregunta verdaderamente importante no es dónde ha aparecido la filtración, sino qué permitió que existiera.
El precedente de 2014 resulta útil para comprender la diferencia de magnitud. En aquel momento se produjo otra campaña de publicación de documentos y comunicaciones vinculados con la diplomacia y la inteligencia exterior marroquíes. La operación se atribuyó entonces al servicio secreto francés y se interpretó como una respuesta dentro de una disputa entre ambos países. Sin embargo, la situación actual presenta características diferentes. Ahora no se habla principalmente de documentos diplomáticos o de comunicaciones internas, sino de una exposición masiva de identidades vinculadas con los servicios de seguridad. El riesgo potencial para las personas afectadas es, por ello, considerablemente superior.
La sucesión de incidentes también plantea una cuestión institucional incómoda: hasta qué punto los sistemas encargados de proteger la información más sensible del Estado están preparados para afrontar ataques persistentes. Una operación aislada puede atribuirse a una vulnerabilidad concreta. Cuando se suceden filtraciones durante meses y cada nueva publicación afecta a información más delicada, comienza a resultar razonable preguntarse si existen deficiencias estructurales. No basta con cambiar responsables o cerrar canales de difusión. La seguridad exige conocer el origen de la vulnerabilidad y corregirla antes de que vuelva a ser explotada.
El factor español
La referencia expresa de Jabaroot a España introduce una complicación adicional. Desde la perspectiva de los servicios españoles, conocer la estructura de seguridad de un país vecino y obtener información sobre sus agentes puede tener un indudable interés operativo. Pero ese interés no significa que la filtración pueda ser asumida públicamente como una victoria. La utilización de información obtenida mediante una intrusión informática plantea problemas políticos, diplomáticos y, dependiendo de las circunstancias, jurídicos que no desaparecen por el mero hecho de que los datos puedan resultar valiosos.
La situación es especialmente delicada porque la publicación coincide con un momento de tensión entre ambos países. Cualquier reconocimiento público de la utilización de esos datos podría interpretarse como una toma de posición española respecto de la operación de Jabaroot. Al mismo tiempo, ignorar por completo la información tampoco parece una opción sencilla si entre los datos difundidos existen elementos relevantes para la seguridad nacional española. Los servicios responsables deberán, por tanto, distinguir entre la explotación técnica de una información disponible y la asunción política de la actuación de quienes la han obtenido.
Hay además una cuestión de prudencia que no debería quedar relegada por el interés mediático. Que una información aparezca en una filtración no significa que pueda utilizarse sin comprobarla. Los datos personales pueden estar desactualizados, contener errores o haber sido modificados. Incluso una base de datos auténtica puede incorporar registros que ya no reflejen la situación actual de las personas incluidas. Para un servicio de inteligencia, esa necesidad de contraste debería ser todavía más evidente, porque una identificación equivocada puede generar consecuencias operativas y diplomáticas difíciles de revertir.
El llamado regalo a España es, por ello, una expresión acertada únicamente desde el punto de vista propagandístico de Jabaroot. En términos estratégicos, la situación es mucho más ambigua. España recibe información potencialmente valiosa, pero también recibe un problema que puede incrementar la tensión con Marruecos y que ha sido diseñado precisamente para colocarla en una posición incómoda. Los factores concurrentes aconsejan interpretar la filtración como una herramienta de presión, no como un obsequio desinteresado.
Una nueva forma de presión
Lo ocurrido con Jabaroot muestra hasta qué punto una operación informática puede adquirir características propias de una actuación de presión política. No hace falta destruir infraestructuras ni interrumpir servicios esenciales para causar un daño considerable. En determinados casos, basta con obtener información y publicarla en el momento elegido. La información se convierte entonces en el instrumento del ataque. Su valor no procede únicamente de aquello que revela, sino del momento, de las personas afectadas y de las decisiones que obliga a adoptar a quienes la reciben.
El caso marroquí presenta además una característica especialmente relevante: la posible acumulación de filtraciones. Cada operación puede alimentar a la siguiente. Una lista de trabajadores puede cruzarse con documentos patrimoniales; esos documentos pueden relacionarse con identidades previamente expuestas; y todo ello puede permitir construir una representación mucho más completa del funcionamiento interno de una institución. La amenaza, por tanto, no se encuentra solamente en cada filtración considerada individualmente, sino en la capacidad de combinar informaciones aparentemente separadas.
Por esa razón, la respuesta de un Estado no puede reducirse a perseguir al grupo que publica los datos. También debe asumir que la información comprometida puede permanecer disponible durante años y que sus efectos pueden aparecer cuando el incidente original haya dejado de ocupar titulares. Los agentes expuestos tendrán que ser protegidos, las operaciones potencialmente comprometidas deberán ser evaluadas y los sistemas de información tendrán que someterse a una revisión profunda. Todo ello exige recursos, tiempo y una capacidad de reacción que no siempre resulta compatible con la lógica política de minimizar públicamente el alcance de una brecha.
Lo anterior me sugiere que el verdadero alcance de esta operación todavía no puede medirse con precisión. La cifra de 70.000 personas resulta llamativa, pero quizá termine siendo menos importante que la información que pueda obtenerse mediante el cruce de esos registros con otras fuentes. Si las identidades son auténticas y los datos suficientemente completos, Jabaroot habría conseguido algo mucho más relevante que una filtración masiva: habría convertido una parte de la estructura humana de la seguridad marroquí en información accesible para terceros. Y esa es una vulnerabilidad que no se corrige simplemente eliminando un canal de Telegram.
Una crisis que trasciende la ciberseguridad
La filtración atribuida a Jabaroot debe contemplarse, por tanto, desde varias perspectivas simultáneas. Es un incidente de seguridad informática, porque existe una presunta intrusión y extracción de información. Es también un problema de protección de datos personales, porque miles de personas habrían quedado expuestas. Tiene una dimensión de seguridad nacional, porque los afectados pertenecerían en buena medida a organismos encargados de funciones sensibles. Y presenta, finalmente, una dimensión política y diplomática por el contexto en el que se produce y por la utilización explícita de España como destinatario del mensaje.
No conviene, sin embargo, convertir una filtración en una prueba automática de todas las acusaciones que acompañan su difusión. La existencia de datos auténticos puede acreditar la gravedad de la intrusión sin demostrar necesariamente las interpretaciones políticas que quienes la ejecutaron pretenden imponer. En este punto, la prudencia no significa restar importancia al incidente, sino precisamente tomarlo suficientemente en serio como para separar los hechos acreditados de las conclusiones interesadas. La información puede ser auténtica y, al mismo tiempo, utilizarse dentro de una estrategia de propaganda.
Las consecuencias para Marruecos pueden prolongarse durante mucho tiempo. Los responsables de sus servicios de seguridad tendrán que valorar qué operaciones pueden haberse visto comprometidas, qué agentes necesitan medidas adicionales de protección y qué cambios deben introducirse en sus sistemas. Para España, la situación tampoco es sencilla. La información puede tener interés, pero su existencia en el contexto de una crisis bilateral introduce factores diplomáticos que no pueden ignorarse. Y para los propios agentes afectados, el problema es mucho más directo: sus identidades, antes protegidas por el secreto de sus funciones, pueden haber pasado a formar parte de una información disponible fuera del control del Estado.
En definitiva, la operación de Jabaroot demuestra que la seguridad de un servicio de inteligencia no termina en sus fronteras físicas ni depende exclusivamente de mantener secretos dentro de edificios protegidos. También depende de la capacidad para custodiar bases de datos, controlar accesos, detectar intrusiones y reaccionar cuando la información empieza a circular fuera de los canales previstos. En este caso, la dimensión política de la filtración puede terminar siendo tan importante como su dimensión técnica. El verdadero problema para Marruecos no es únicamente lo que ya se ha publicado, sino todo aquello que pueda descubrirse a partir de esos datos y de las conexiones que permitan establecer con otras fuentes. Y esa segunda fase de la crisis quizá sea todavía la más difícil de afrontar.